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lunes, 6 de febrero de 2012

7RM Como servicio público (Iª parte). Cambiar un modelo que perjudica a todos (III)

En este artículo abordaremos los objetivos, obligaciones y compromisos que debe asumir la televisión publica autonómica 7RM para cumplir con su misión de servicio público, más allá de las tres funciones clásicas de informar, formar y entretener. Ya que, hasta hoy, no deja de ser más que una televisión autonómica comercial de propiedad pública, ubicada en el furgón de cola del resto de autonómicas de España por su bajísima audiencia y su más que deficiente programación.

En artículos anteriores (7RM-cambiar un modelo que perjudica a todos-1; 7RM-cambiar un modelo que perjudica a todos-2) expliqué las razones de por qué el actual modelo de 7RM perjudica a todos: ciudadanos, empresas productoras, profesionales y al propio Gobierno Regional. Hasta hoy, se han malgastado y gestionado muy mal los 242,68 millones de euros salidos de las arcas públicas destinados a la TAM-7RM, además de incumplir el programa electoral y de gobierno del Partido Popular (como argumenté en el artículo Incumplimientos e incoherencias políticas sobre el modelo de 7RM y la industria audiovisual).
¿Por qué se ha llegado a esta situación? Como decían los clásicos, contra principia negantem non est disputandum. No es posible razonar con quien niega los principios de la argumentación. Y esto es, precisamente, lo que ha hecho el Gobierno Regional con el modelo de 7RM y con la necesidad de elaborar un plan de impulso del audiovisual murciano, capaz de fortalecer el sector y crear empleo en lugar de destruirlo. Un plan que acabe con esta sequía crónica en medidas que favorezcan realmente el desarrollo del audiovisual, con la que parece que nos ha castigado el Gobierno como expiación de no se sabe bien que "pecados". Los suyos son bien conocidos.

¿Está empezando el Gobierno Regional a ser consciente de la imperiosa necesidad de cambiar el actual modelo de 7RM para que cumpla su misión de servicio público? ¿Comprende que el cambio de modelo de 7RM debe formar parte de un plan de impulso del audiovisual? Algunos indicios parecen apuntar en esa dirección. Claro que, de momento, son sólo eso, indicios: algunos gestos con frases cargadas de buenas intenciones y poco más. Sin embargo, el Gobierno tiene la obligación de hacer más, mucho más, ya que la situación actual es a todas luces insostenible. Va siendo hora de que se arme de voluntad política, asuma su responsabilidad y actúe en consecuencia. Me consta que algunos miembros se han leído las medidas que propone el Manifiesto de la Plataforma de Impulso del Audiovisual Murciano (PIAM). Ahora sólo falta que se pongan manos a la obra, empezando por aquellas medidas que dicen compartir y analizar con atención las demás.

Hace unos días escuché a Oché Cortés, el nuevo director de 7RM, un comentario a cerca de la misión de servicio público de la televisión autonómica. Reconozco que me produjo una cierta sorpresa e, incluso, me pareció que lo poco que oí sonaba bien. No obstante, para andar ese camino es urgente y necesario entrar a definir con más detalle y precisión la noción de servicio público de la radiotelevisión pública. Entre otras razones, porque el concepto de servicio público es muy escurridizo ya que, con demasiada frecuencia, ha sido utilizado y elevado a la categoría de comodín infalible capaz de justificar casi cualquier cosa (ver ejemplos en artículo Falacias y estulticias sobre la televisión 7RM). En consecuencia, hay que determinar cuales son sus funciones (como veremos en la segunda parte), más allá de las tres clásicas de informar, formar y entretener. Es decir, que debe tener el propósito de servir al interés público y de buscar la rentabilidad social, además de ser económicamente eficiente.

Pero, incluso para cumplir esas tres funciones clásicas, la calidad de la programación de servicio público de 7RM es, debe ser, el aspecto diferenciador respecto a otros medios privados. Un estándar de calidad que no debe estar condicionado por la imperiosa necesidad de conseguir una mayor audiencia. Esto implica, entre otras cosas, tener en su programación la oferta en los géneros clave de servicio público (informativos, educativos, culturales y documentales), con un predominio claro del carácter de proximidad, además de racionalizar y gestionar con eficiencia los costes de producción de los distintos géneros.

Conviene tener presente que velar por la aplicación de los criterios de calidad televisiva no depende sólo de su procedencia, sino también de la profesionalidad de los que ejecutan los proyectos, de quien los encarga, controla, programa y emite. Corresponde al director de antena y al jefe de programación, junto con su equipo, velar por la aplicación de esos criterios por las siguientes razones:

a)  Son quienes tienen o pueden tener una visión de conjunto de la programación.
b)  Controlan el equilibrio de contenidos en la parrilla de programación.
c)   Tienen la capacidad de revisar y rectificar contenidos específicos.
d)  Mantienen relaciones directas con los equipos de dirección, producción, realización y elaboración de guiones de los programas, ya que estos son los que aplican los criterios de calidad.
e)  Pueden acceder a nuevos formatos y fórmulas de programas.
f)  Tienen la confianza de la dirección de RTRM y en consecuencia de su Consejo de Administración.
La definición de 7RM como servicio público, debe cumplir los objetivos que en ya 1993 planteó la Unión Europea de Radiodifusión (UER) respecto a la radiotelevisión pública, como específicos del servicio público:

"Una programación para todos, un servicio de base generalista con ampliaciones temáticas; un forum para el debate democrático; libre acceso del público a los principales acontecimientos; una referencia en materia de calidad; una abundante producción original y un espíritu innovador; una vitrina cultural; una contribución al refuerzo de la identidad europea, como también a sus valores sociales y culturales: un motor de la investigación y del desarrollo tecnológico".

Estos objetivos de la UER son las directrices que deben inspirar la misión de servicio público de la radiotelevisión pública. Para cumplir esta misión, las directrices deben tener su reflejo más concreto y preciso en la combinación de dos instrumentos: un mandato-marco y un contrato-programa.

Lo que es público o no, no son los programas considerados individualmente (de uno en uno) o por su género, sino las estrategias de programación y los objetivos globales que se proponen. De ahí la importancia de establecer un MANDATO-MARCO que fije la estrategia  y directrices de programación, los objetivos a alcanzar por la Radiotelevisión de la Región de Murcia (RTRM) y determine su jerarquía, urgencia y prioridades. Este mandato-marco sería aprobado por la Asamblea Regional a propuesta del Consejo de Administración de RTRM.  La duración sería de 3 a 6 años.

Por otro lado, es imprescindible elaborar un CONTRATO-PROGRAMA que establezca aplicaciones concretas y precisas del mandato-marco, con el fin de comprobar la utilización adecuada de los recursos financieros asignados y el grado de cumplimiento de las directrices y objetivos de RTRM. Se trata de un instrumento para dar transparencia a la exigencia comunitaria sobre la financiación de los servicios públicos y para identificar los mecanismos que posibiliten satisfacer el encargo de servicio público que debe cumplir RTRM. El contrato-programa se establecería por un período de 1 a 3 años.

También son absolutamente necesarios unos INDICADORES DE EVALUACIÓN sobre el grado de cumplimiento de los objetivos del mandato-marco y el contrato-programa, que permitan ir más allá de la mera supervisión presupuestaria, los resultados de audiencia o el genérico juicio de valor sobre la calidad de las programaciones. Máxime si tenemos en cuenta que la simple definición de las funciones de servicio público no implica ni garantiza que la programación audiovisual sea de calidad.

Finalmente, en este control sobre el grado de cumplimiento del mandato-marco y el contrato-programa debería participar una autoridad independiente que está también por crear: el Consejo Audiovisual de la Región de Murcia.

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