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lunes, 27 de agosto de 2012

¿Qué va pasar con 7RM? (3ª parte)

En este artículo veremos lo que va a ocurrir con los puestos de trabajo de GTM y las opciones que da el Gobierno de renegociar el contrato o privatizar la licencia de la TAM-7RM. También veremos que la reciente modificación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual tiene opciones que permiten cambiar el actual modelo de televisión pública autonómica sin necesidad de privatizar su licencia, de forma que sirva para impulsar la industria audiovisual y crear empleo.
Analizaremos primero con detalle las dos alternativas que da el Gobierno regional en su nota de prensa sobre la TAM-7RM, pero teniendo en cuenta que esta disyuntiva es falsa y no resuelve el problema de fondo, como expliqué en el artículo ¿Qué va a pasar con 7RM? – 2ª parte.  Porque una cosa es terminar con un problema y otra cosa distinta es resolverlo. Algo que la contumacia del Gobierno le impide entender, como veremos. Eso de «muerto el perro se acabó la rabia» no sirve ni para los perros, mientras no desaparezca el bacilo de la rabia. Una cosa es terminar con el problema del elevado coste y el modelo actual de gestión de la TAM-7RM. Otra muy diferente es resolverlo de forma que cumpla con su misión de servicio público y, a su vez, contribuya al desarrollo de la industria audiovisual en la región.

 ¿Por qué hay que «renegociar el contrato actual con GTM»?
Según la nota de prensa del Gobierno, la opción de continuar «con el modelo actual de Televisión Pública, de gestión indirecta a través de la empresa GTM», como primera alternativa, «exige renegociar el contrato actual con GTM obteniendo una importante reducción respecto a su importe actual». Los dos contratos (lote A y lote B) firmados con fecha 16 de diciembre de 2005 finalizan el 31 de diciembre de 2012, y «podrán ser prorrogados, anualmente, en su vigencia, por sucesivos períodos anuales, hasta un máximo de dos prórrogas», salvo que el adjudicatario (en este caso GTM) comunique a TAM-7RM que no desea la prórroga «con un mínimo antelación  de seis meses» antes de finalizar el contrato, como dice el pliego de condiciones jurídicas y técnicas de la licitación, por el que se rigen los dos contratos.
¿Cuales serían las condiciones de la prórroga? Según dicho pliego, tanto el «contenido de las prestaciones» como el «precio a satisfacer» por las mismas «vendrá determinado por la cantidad fija y porcentaje sobre ingresos publicitarios» del último año del contrato anterior a la prórroga, más el IPC. 
Sin embargo, lo que el Gobierno no explica a los ciudadanos es por qué hay que renegociarlo ya que, como veremos más adelante, el contrato puede resolverse sin indemnización. ¿Por qué hay que renegociar un contrato que supone seguir malgastando el dinero público para llenar los bolsillos de GTM que, como se observa en los datos de sus cuentas anuales, sólo entre 2007 y 2010, por diferentes conceptos ha obtenido beneficios por más de 41 millones de euros? ¿Cómo explica el Gobierno un beneficio tan elevado durante estos años de crisis financiera internacional? ¿Qué es lo que ha aportado GTM, que ha financiado hasta sus instalaciones y equipamiento con los ingresos que le ha proporcionado el dinero público de TAM-7RM, su único cliente?  ¿Por qué hay que renegociar un contrato que está impidiendo que TAM-7RM cumpla con su misión de servicio público y que, a su vez, impide el desarrollo de la industria audiovisual y la creación de empleo para beneficiar a empresas de fuera de la Región de Murcia que, como se observa en los datos de sus cuentas anuales (cuadros 3 y 5), se han embolsado unos 45 millones de euros de dinero público en cinco años? 
¿Acaso prefiere el Gobierno que el dinero público, aunque sea en menor cuantía, siga malgastándose como hasta ahora, de un modo indecente y vergonzoso? 
Decir en la nota de prensa que el Gobierno regional velará «por el mantenimiento del máximo número de los puestos de trabajo», es absolutamente falaz y demagógico por varias razones. Primera, como se indica en el pliego de condiciones, el personal contratado por GTM «carecerá de toda vinculación laboral con TAM, S.A., con el Ente Público RTRM y con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, no operando ningún tipo de subrogación laboral» entre GTM y las entidades públicas, durante el contrato y tras su extinción. 
Segunda, el Gobierno sabe también que al reducir a un tercio el importe del contrato con GTM, esta despedirá inevitablemente a una gran parte de los trabajadores y sus accionistas seguirán haciendo recortes para seguir beneficiándose del dinero público como han hecho hasta ahora,  porque de no ser así, GTM no aceptaría renovar el contrato por una tercera parte menos de dinero. Unos despidos que tanto GTM como el propio comité de empresa admiten que se van a producir.
Tercera, la privatización de la licencia de 7RM tampoco evitará el despido de gran parte de la plantilla de GTM, ni será posible su contratación posterior por el adjudicatario de esa licencia, como veremos después. 
El diseño empresarial de GTM es tan atípico como extraño en el panorama audiovisual nacional e internacional, ya que sus únicas producciones van destinadas a un único cliente del que dependen todos sus ingresos y que opera en un único mercado que es la Región de Murcia. La totalidad de los más de 155 millones de euros del importe neto de su cifra de negocio entre 2006-2010 proviene de su único cliente: TAM-7RM. Y, como se puede observar también en los datos de sus cuentas anuales, su único objetivo empresarial ha sido sacar el máximo beneficio al contrato con TAM-7RM. Por tanto, GTM no pretende ser una empresa capaz de producir obras audiovisuales de calidad y extender su actividad a otros mercados fuera de la región. Todo esto, hasta cierto punto, no es de sorprender si se tiene en cuenta las condiciones en las que se creó GTM y que los intereses de la mayor parte de las empresas que participan en su capital social son totalmente ajenos al sector audiovisual. 
Es decir, GTM está planteada más como un negocio a corto plazo que busca exprimir al máximo las ubres de la TAM-7RM, mientras el Gobierno esté dispuesto a darles dinero público. Su objetivo es claramente parasitario. Por eso no tiene ningún interés en buscar y aplicar el talento y la creatividad en su producción audiovisual. No es un proyecto empresarial que aspira a desarrollarse y extender su actividad de producción a otros mercados, ya que GTM carece de producción audiovisual propia destinada a otros lugares y no ofrece servicios a otras televisiones o productoras del territorio nacional. De hecho ni siquiera explota las licencias de los 8 canales de TDT local que el Gobierno Regional le adjudicó en noviembre del año 2005. En consecuencia, dada su casi nula viabilidad al margen del contrato con TAM-7RM, los puestos de trabajo de GTM siempre han estado en la cuerda floja y al final se perderán. Otra cosa es que se haya querido cerrar los ojos ante algo tan obvio.
Sin embargo, como veremos más adelante, con un cambio de modelo de TAM-7RM, existen fórmulas que permitirían reabsorber buena parte de esos puestos de trabajo, que pueden compensarse creando las condiciones para crear otros nuevos.
Se puede resolver el contrato con GTM sin indemnización 
Según el pliego de condiciones jurídicas y técnicas de la licitación, el contrato puede resolverse y suspenderse por «causas de fuerza mayor» y «sin que ello genere responsabilidad alguna, para ninguna de las partes» durante la suspensión. «Si dicho supuesto de fuerza mayor se mantuviera durante un período de cuatro meses, consecutivos o alternos, a lo largo de un año natural de vigencia del contrato, cualquiera de las partes podrá resolver el contrato mediante notificación por escrito a la otra parte (...) y sin derecho a indemnización por tal concepto». Asimismo, indica que «serán causas de resolución por fuerza mayor todos aquellos sucesos que fueran imprevisibles o que siendo previsibles fueran inevitables y hagan inviable el cumplimiento del contrato, siempre y cuando unos y otros provengan o se originen fuera del ámbito empresarial de TAM, S.A. o del ADJUDICATARIO».
Es obvio que la mayor crisis económica y financiera internacional conocida, que dura ya varios años y que todo indica que durará algunos más, es una causa de fuerza mayor. Como también es causa de fuerza mayor la grave situación económica y financiera de la Región de Murcia –que ha recurrido al fondo de rescate– e influida, a su vez, por la difícil situación del Estado español y por las obligaciones asumidas por el Gobierno de España en la Unión Europea. Esta situación de fuerza mayor se recoge en la legislación y hasta en la propia Constitución con la reciente reforma que incluyó un tope a la deuda y al déficit público.
Como es obvio que se trata de una causa originada fuera del ámbito de GTM y de TAM, ésta en cualquier momento puede dar por finalizado el contrato con GTM sin darle indemnización alguna.
Privatizar la licencia de la televisión pública autonómica es seguir con el mismo modelo y no impulsar el desarrollo de la industria audiovisual 
La segunda alternativa que da el Gobierno en su nota de prensa es «la privatización de la licencia de la Televisión Pública Autonómica» por un período de nueve años. Sin embargo, con unos ingresos por publicidad en 2010 de 1,5 millones de euros (que han disminuido en los años siguientes), ¿quién va a querer quedarse con la licencia de 7RM y hacer una programación si no hay una aportación económica del Gobierno? Nadie. Así que esta ambigua privatización supone que el Gobierno tendrá que seguir aportando dinero público a quien se quede con la licencia de TAM–7RM. Y lo hará, posiblemente, por importe de unos 12 a 15 millones de euros, si nos atenemos a lo que dicen algunos medios de comunicación.  Y claro, con esta cifra van a ser pocos los puestos de trabajo que mantenga GTM si, finalmente, se queda con la licencia.
Pero, sobre todo, la privatización de la licencia supone adjudicar de nuevo a una sola empresa la mayor parte de la programación de la TAM-7RM. De modo que, en lugar de intentar revitalizar a la moribunda industria audiovisual murciana (de cuya situación es culpable en gran parte el Gobierno), cambiando el modelo de 7RM por otro que permita encargar a las pequeñas empresas de la región gran parte de los programas de su parrilla, le da la estocada de muerte privatizando la licencia por nueve años. Este Gobierno tan contumaz vuelve a tropezar en la misma piedra que en año 2005, desprecia de nuevo a las empresas de la industria audiovisual de la región y se queda tan pancho. La irresponsabilidad y el fracaso de la inteligencia no podrá ser mayor si finalmente privatiza la licencia de la televisión autonómica pública. Entonces veremos como la estupidez de la persistencia en el error nos trae de nuevo una desdicha evitable y aumenta la desgracia del audiovisual murciano hundiéndolo de forma irremediable.
Se que algún miembro del Gobierno ha pensado en una pequeña compensación. En esencia, intenta repetir de nuevo lo mismo que algunos de sus predecesores hicieron en el pasado que, justamente, por ser unos chapuceros y analfabetos funcionales en materia audiovisual, el sector agoniza hoy. Pero, dejando a un lado su buena intención que por ahora presupongo, no cae en la cuenta que las migajas flotantes, además de ofender, no resuelven el problema de fondo, ya que el sector seguirá moribundo. Migajas que, dadas las circunstancias, son sólo palabras. Pero si conociese cómo funciona el sector audiovisual,  sabría que los parches y chapuzas son miopes, carecen de perspectiva y no crean unas bases sólidas para generar las condiciones que impulsen la actividad económica audiovisual. Al contrario, sin un plan de impulso del audiovisual a varios años, las medidas pírricas solo mantienen un tejido empresarial débil y agónico, un empleo escaso, inestable, precario y las obras audiovisuales tendrán  mala calidad, lo que será destructivo para una industria como la audiovisual. 
La verdad es que no puedo decir que me sorprenda la idea de privatizar la licencia de 7RM sabiendo lo lumbrera que, en general, ha sido desde hace años el Gobierno en materia audiovisual y la poca capacidad que tiene para entender y aplicar su propio programa electoral, como expliqué en el artículo Incumplimientos e incoherencias políticas sobre el modelo de 7RM. Veamos otro ejemplo muy reciente: Hace unos días leía en la prensa que «la nueva Ley de Apoyo a los Emprendedores y a la Competitividad e Internacionalización de las Pequeñas y Medianas Empresas de la Región, "fomentará la creación de empleo de calidad e impulsará la iniciativa empresarial", según han informado fuentes 'populares' en un comunicado». ( laverdad.es , 18-08-2012 )
Vamos a ver Gobierno Regional, explícanos cómo cocinas el plato cuyos ingredientes son esta Ley aplicada a la industria audiovisual murciana y a la privatización de la licencia de 7RM. Por un lado, dices que la nueva Ley de Emprendedores va a impulsar la iniciativa de las pequeñas y medianas empresas y creará empleo. Por otro, impides que esto se haga con el actual modelo de televisión autonómica pública y terminas de hundir a las pequeñas empresas del sector audiovisual que agonizan, al plantear privatizar la licencia de 7RM para que la mayor parte de su programación la siga haciendo una sola empresa. Cuando lo coherente con dicha Ley de Emprendedores sería elegir un modelo de 7RM en el que la mayor parte de su programación la hagan, justamente, las pequeñas empresas para que se fortalezca el tejido industrial y se cree empleo de calidad. ¿Cómo es posible que nos gobiernes con tan aguda expresión de inteligencia? Cualquier bromista de mal gusto podría pensar que excluyes a la industria audiovisual de esta Ley, o bien nos tomas el pelo, o bien crees que los del audiovisual somos tontos de remate. 
Es posible otro modelo de 7RM que impulse la industria audiovisual 
Claro que, frente a la privatización de la licencia, también es posible cambiar el actual modelo de TAM-7RM por otro que permita externalizar su programación para que sea realizada por las pequeñas y medianas empresas audiovisuales de la región. Si el Gobierno leyera con atención la modificación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual que entró en vigor el pasado 3 de agosto, vería que esta externalización de la programación es una de las posibles modalidades de gestión directa para la «producción y edición de los distintos programas audiovisuales», manteniendo RTRM la prestación del servicio público de comunicación audiovisual, sea cual fuere su estructura organizativa. 
Además, el Gobierno debería saber que está más que demostrado que, en el audiovisual, la capacidad creativa de las pequeñas empresas es siempre mayor que una sola grande (como se ha visto con GTM), lo que permitirá en 7RM tener programas de más calidad en su parrilla de programación. Parrilla que se puede hacer con menos de la mitad de los 36 millones de euros anuales del contrato con GTM. Incluso se puede también rentabilizar mucho mejor la publicidad de 7RM. A su vez, esta modalidad si se integra en un plan de impulso del audiovisual que incluya a la Sociedad de la Información, permitiría crear aún más empleo, más diversificado y con menos riesgo de que desaparezca de golpe (como en el caso de GTM), lo que sin duda es mucho más sensato. 
Entonces, si esta opción tiene más ventajas, es posible y viable, ¿por qué la excluye el Gobierno y se inclina por privatizar la licencia? Si, a diferencia de lo que plantea el Gobierno, esta opción sí se ajusta a las directrices de la política de la Unión Europea en el sector audiovisual en la era digital, hay que preguntarse ¿por qué el Gobierno se resiste a aplicar dicha política comunitaria? ¿Acaso es porque la ignora?
Valcárcel, el actual presidente del Comité de las Regiones de la Unión Europea ¿desconoce los dictámenes de este órgano en materia audiovisual? 
Hace años que el Comité de las Regiones de la Unión Europea emitió un dictamen (COM-3/033) en el que se mostraba «a favor de reforzar la importancia de las regiones en la política audiovisual en la era digital». También se mostraba partidario de «continuar apoyando la producción europea», cuya protección consideraba tarea, sobre todo, de las regiones.  Insistía en «la importancia de las medidas de apoyo para fortalecer las producciones audiovisuales europeas» y, a su vez, consideraba «imprescindible» prestar «un apoyo especial a los productos y servicios audiovisuales relacionados con las regiones y sus especificidades culturales y sociales» 
Asimismo, instaba a la Comisión a actuar «para garantizar que Europa siga siendo un factor económico y cultural importante en el sector audiovisual, de modo que contribuya a fortalecer la industria audiovisual y con ello, el crecimiento y el empleo en Europa».
 ¿Cómo es posible que el Gobierno de la Región de Murcia nunca haya aplicado ni este dictamen del Comité de las Regiones ni la política audiovisual comunitaria? Dado que aún se mantiene esta política comunitaria, ¿cómo es posible que siga sin aplicarlas a pesar de que Ramón Luis Valcárcel es el actual presidente del Comité de las Regiones? ¿Acaso es serio presidir el Comité de las Regiones y no aplicar sus dictámenes en la región de su propio presidente?
Porque, una de dos: o bien el Gobierno Regional y el presidente Valcárcel han ignorado y aún ignoran la política audiovisual de la Unión Europea (lo que implica una absoluta desidia, sobre todo por parte del Gobierno que debería de informar al presidente), o bien si la conocen no quieren aplicarla, lo que es mucho más grave. En ambos casos, el asunto es tan preocupante como vergonzoso. A mi juicio, el Gobierno debería ponerle remedio urgente y aplicar de una vez en la Región de Murcia la política comunitaria audiovisual, al menos para guardar las apariencias y evitar un hecho tan hilarante mientras que Valcárcel sea a la vez el presidente, tanto de la Región de Murcia como del Comité de las Regiones. 
Esta podría ser una ocasión excelente para que el Gobierno se comporte con seriedad, salga de las tinieblas en las que se halla en esta materia, actúe con sensatez y su política audiovisual deje de ser un azorado fantasma deambulante.

2 comentarios:

Anónimo dijo...

Me gusta mucho este articulo. Preciso, con datos verificables y sobre todo, porque empieza a apuntar a los (el) verdaderos culpables (irresponsables) de este desaguisado que es el machacado sector audiovisual de la Región de Murcia.
Felicidades.

Francisco dijo...

Enhorabuena por el artículo. Finalmente he podido entender todo aunque te falta una explicación del porque del binomio Gobierno- GTM, y es que es la única manera de que el gobierno pueda meter el cazo y llenarse los bolsillos de dibero.