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lunes, 5 de noviembre de 2012

¿Acaso cree el Gobierno que somos unos lelos?


La industria audiovisual sigue excluida en la modificación de la ley de RTRM 
Hay dos cosas que últimamente me han llamado la atención del lodazal de 7RM. Una, lo conformistas que son la mayoría de los despedidos de GTM y las pocas oportunidades que se dan a sí mismos para aumentar sus posibilidades de encontrar empleo. La otra, la tremenda facilidad que tiene el Gobierno para olvidar lo que dice y escribe sobre la industria audiovisual y 7RM cuando tiene que obligarse jurídicamente. ¿Será porque cree que somos unos lelos? En este artículo veremos por qué la modificación de la Ley de creación de RTRM redactada por el Gobierno sigue sin beneficiar a la sociedad ni a la industria audiovisual murciana.
Hace unos días el Grupo Parlamentario Popular presentó en la Asamblea Regional una proposición de ley para modificar la Ley 9/2004 de creación de Radiotelevisión de la Región de Murcia (RTRM), tal y como anunció el Gobierno Regional en una nota de prensa el mes de agosto pasado, cuando hizo público también la resolución del contrato con GTM. Según dice la exposición de motivos, la modificación de la ley es «debido a las limitaciones presupuestarias impuestas por la actual situación económica y financiera de la Región de Murcia». El único motivo que da es puramente economicista. Además, aunque la situación es coyuntural, se consagra el modelo de gestión indirecta de 7RM por una empresa privada, excluyendo las otras modalidades de gestión que ofrece la propia  Ley 6/2012 de modificación  de la Ley General de Comunicación Audiovisual.

En dicha proposición de ley hay también una serie de graves e injustificables carencias que llaman poderosamente la atención, a poco que se preste atención al texto. Me referiré a tres que, a mi juicio, son esenciales.
No beneficia a la sociedad ya que sigue sin decir cuales son las obligaciones generales de la función de servicio público de 7RM  
Una de esas carencias es que sigue sin decir cuales son las funciones y obligaciones generales de la función del servicio público de televisión y, por tanto, sigue sin establecer un régimen jurídico que las garantice y permita exigir su cumplimiento. De hecho, ni figura en la exposición de motivos. Y eso a pesar de que  la nota de prensa de 29-08-2012 dice que «el Gobierno mantiene su objetivo de continuar desarrollando el Servicio Público de Comunicación Audiovisual, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: Debe servir eficazmente como un medio objetivo y transparente de información pública y de vertebración sociocultural de la Región de Murcia».
Pero resulta tanto más injustificable e imperdonable hoy, dado que ya fue una anomalía y carencia grave en la Ley de creación de RTRM, cuya desastrosa consecuencia fue que 7RM no ha cumplido nunca con su misión de servicio público y ha perjudicado a todos (ciudadanos e industria audiovisual); además de incumplir el programa electoral y de gobierno del Partido Popular, el plan estratégico 2007-2013, y malgastar más de 250 millones de euros de dinero público para beneficiar casi exclusivamente a una sola empresa, GTM. 
¿Tan poco ha aprendido el Gobierno Regional de sus errores? ¿Por qué persiste en no querer definir las funciones y obligaciones generales de 7RM como servicio público de televisión en la modificación de la ley de RTRM ?
Profundicemos algo más. La proposición de ley dice que «corresponde a la Asamblea Regional de Murcia establecer los objetivos generales de la función de servicio público de comunicación audiovisual, en desarrollo de lo dispuesto en la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual». Como los artículos 40 y 41 de dicha Ley no van más allá de algunas generalidades, si en la proposición de ley no se determinan las funciones y obligaciones del servicio público de televisión, ¿con qué criterios y cómo va a fijar la Asamblea Regional en el mandato marco los objetivos generales a alcanzar por parte de la televisión pública 7RM? ¿Por inspiración divina? 
Si el Gobierno hubiese sido más riguroso al redactar la proposición de ley sabría, por ejemplo, que el Mandato Marco a la Corporación RTVE aprobado por los Plenos del Congreso de los Diputados y del Senado en su artículo 2 dice:
«El objeto del Mandato-marco de la Corporación RTVE y de sus sociedades filiales es concretar los objetivos generales de su función de servicio público esencial definidos en los artículos 2 y 3 de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal»  (el subrayado es mío).
En efecto, son las funciones y obligaciones del servicio público de televisión –que deben ser definidas previamente en la proposición de ley de modificación de la ley de RTRM–, las que servirán de referencia para que:
  1. La Asamblea Regional establezca y concrete en el Mandato-Marco los objetivos generales y líneas estratégicas de los contenidos audiovisuales, emisión y producción relativos a la programación de 7RM.
  2. Con la concreción en el mandato marco, el Gobierno Regional y RTRM determinarán los objetivos específicos en el Contrato-Programa y, a su vez, el Consejo de Administración tendrá los instrumentos que le permitan ejercer su labor de dirección, supervisión y control de 7RM.
Si la razón de no incluir las funciones y obligaciones generales del servicio público de televisión es que el Gobierno anda escaso de referencias por su falta de afición a esta materia, me permito hacerle varias sugerencias que le puedan servir de inspiración terrenal: 
a)  Las que indica la Ley de RTVE  (artículos 2 y 3). Ya que el Gobierno ha copiado del artículo 4 de esta ley la duración del mandato-marco y el contrato-programa, podría copiar también algunas de las obligaciones como, por ejemplo, del artículo 3, el punto 2 letras b), c), d), e), h), i), j), k), l), m), n), r) y el punto 3, adaptados en su caso al ámbito autonómico regional. 
b) Las funciones y obligaciones que se indican en el artículo 3 de la Ley reguladora de la Empresa Pública Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales. Como por ejemplo: el punto 1, y del punto 4 las letras c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), n), adaptados, en su caso, a la Región de Murcia y el punto 5.
c) Las misiones del servicio público audiovisual que se indican en la Ley de comunicación audiovisual de Cataluña (artículo 26). Como por ejemplo, del punto 3 las letras b), d), e), g), j), k), l), n), p), adaptados, en su caso, a la Región de Murcia.
d) Las funciones que indiqué en los artículos 7RM como servicio público–2 y 7RM como servicio público–3
Llegados a este punto cabe preguntarse: ¿A qué obedece la tozudez del Gobierno para no querer definir las funciones y obligaciones generales del servicio público de televisión? ¿Por qué no se incluye en la proposición de ley algo tan razonable como obvio? ¿Acaso es la incultura audiovisual del Gobierno la que produce tal obstinación o es que no desea que 7RM cumpla realmente con su misión de servicio público? A veces el deseo de parecer hábil impide serlo. Desde el punto de vista de que RTRM cumpla con su función de servicio público, esta proposición de ley no parece ser más que una mascarada que no resiste la luz del día.
No obstante, en un acto de cordura, sentido común y sensatez política, el Gobierno puede enviarle una sugerencia al Grupo Popular para que este presente una enmienda en la Asamblea Regional donde se añada al artículo 2º de la Ley de RTRM un apartado 2 con las funciones y obligaciones generales del servicio público de televisión (donde puede tomar como modelo las referencias que he indicado más arriba). Esta vía Gobierno-Grupo Popular, es la forma más rápida y eficaz, como me sugería hace poco un alto cargo del Gobierno que estuvo en la gestación de RTRM y la TDT.
Por otro lado, teniendo en cuenta el estado de debilidad actual del sector en la región y los cambios en las nuevas tecnologías y en los formatos para distintas ventanas, el mandato-marco debería tener una cláusula de revisión cada tres años como mínimo, y el contrato-programa otra de revisión anual. 
Los verdaderos accionistas de TAM-7RM son los ciudadanos. Por eso el nuevo modelo de televisión pública debe garantizar, entre otras cosas, la independencia, la profesionalidad, la calidad de su programación, la pluralidad y rigor de sus programas informativos, el apoyo al desarrollo de la industria audiovisual o la transparencia absoluta en la rendición de cuentas periódicas. Lo que difícilmente será posible mientras la ley siga sin determinar cuales son las funciones y obligaciones generales de 7RM por las que debe tener el propósito de servir al interés público y de buscar la rentabilidad social, además de ser económicamente eficiente. 
No beneficia a la industria audiovisual     
Hasta ahora, los millones de euros anuales que se han destinado a 7RM no han revertido directamente en la creación de un tejido industrial y en la creación de empleo en la Región de Murcia, sino que fueron a parar directamente a los bolsillos de GTM y empresas foráneas, como he explicado en varios artículos (¿Qué va a pasar con 7RM?–1ª parte, ¿Qué va a pasar con 7RM?–2ª parte y ¿Qué va a pasar con 7RM?–3ª parte). 
Quizá porque se empieza a admitir este hecho, en la nota de prensa de 29-08-2012 el Gobierno escribió: «El Ejecutivo autonómico pretende revitalizar el sector audiovisual en la Región de Murcia». Y más adelante  dijo que la segunda de las condiciones para mantener 7RM es que «debe servir para apoyar el desarrollo industrial de un sector regional (audiovisual)». En laopiniondemurcia.es el 4-9-2012, el presidente del Gobierno Regional Ramón Luis Valcárcel dijo que «es preciso "impulsar el sector audiovisual en la Región de Murcia" porque "para eso se conciben también las televisiones autonómicas"». Sin embargo, la proposición de ley se ha olvidado de lo que escribió en nota de prensa y de lo que dijo el presidente Valcárcel, ya  que no dice ni una palabra sobre que una de las obligaciones de 7RM sea apoyar el desarrollo de la industria audiovisual, fomentando la producción de contenidos audiovisuales por las empresas de la región. Es más, ni siquiera lo menciona en la exposición de motivos.
¿Ha sido un olvido involuntario del Gobierno o acaso nos engañaron? ¿O es que el Gobierno cree que somos lelos o tontos de remate? Todos no, desde luego, porque hace tiempo que algunas voces del propio sector se lo vienen exigiendo, como la Plataforma de Impulso del Audiovisual Murciano (PIAM) en su Manifiesto. ¿Si de verdad quiere «revitalizar el sector audiovisual», por qué no lo escribe en la proposición de ley? Porque, tal y como está redactada, está claro que el Ejecutivo autonómico NO pretende que 7RM sirva para impulsar el audiovisual murciano, sino que el interés primordial del Gobierno es asegurar la adjudicación de la gestión indirecta del servicio público de televisión a una empresa privada (ya sea GTM, Secuoya, u otra). Es decir, cambiar la ley de RTRM para que todo siga igual que hasta ahora, en lo que se refiere a la industria audiovisual regional. 
El caso es que no hay disfraz ni fingimiento que pueda ocultar largo tiempo el interés del Gobierno por impulsar la industria audiovisual, cuando ese interés no existe. De modo que, si ha sido un olvido la solución del Gobierno es muy sencilla: sólo tiene que decirle al Grupo Parlamentario Popular que presente una enmienda en la que diga que «una de las obligaciones del servicio público de televisión autonómica es la de fomentar la producción audiovisual, colaborando activamente en el impulso y desarrollo de la industria audiovisual murciana. El contrato-programa deberá concretar la proporción de financiación que debe destinarse a obras producidas por productores murcianos independientes». Que se añada al artículo 2º de la Ley de RTRM un apartado 2 con este texto como una de las funciones y obligaciones generales del servicio público de televisión, así como que conste en la exposición de motivos de la proposición de ley
Hacerlo así supone que la colaboración de 7RM en el desarrollo de la industria audiovisual regional es obligatoria por ley, al margen de las contingencias políticas propias de cada coyuntura y de la buena o mala voluntad del que ocupa el cargo. 
¿Por qué la industria audiovisual murciana no puede tener en la ley de RTRM la misma consideración que en otras comunidades autónomas tiene en la ley su industria audiovisual? Así, por ejemplo, si en la Ley de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales figura como «obligación» la difusión y financiación de obras de productores catalanes independientes; o si en la Ley reguladora de la Empresa Pública Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales, dice que «en el ejercicio de su función de servicio público» deberá, entre otras funciones, «fomentar la producción audiovisual extremeña, facilitando el desarrollo de la industria audiovisual». ¿Por qué en la Región de Murcia no puede figurar esa obligación en la modificación de la ley de RTRM? ¿Por qué tenemos que ser la almorrana del audiovisual español?
Introducir estos cambios en la proposición de ley, supone el primer paso serio para que salgamos de la noche profunda y tenebrosa en la que se mantiene la industria audiovisual en la Región de Murcia. Hacerlo también nos indicaría que es cierto y firme el deseo expresado por algunos responsables del Gobierno para ir más allá de las palabras bienintencionadas y establecer una obligación por ley para que 7RM apoye el desarrollo de la industria audiovisual. Porque no hay que juzgar el mérito de estos responsables por sus cualidades, sino por el uso que saben hacer de ellas en el desempeño del cargo.
Por otra parte, la proposición de ley debería señalar que, entre sus objetivos generales, el mandato-marco debe establecer entre los diversos medios audiovisuales públicos murcianos, un marco de relaciones internas coherentes y de sinergias, de forma que no se de ningún régimen de concurrencia entre ellos y que no se produzca ninguna competencia desleal con la industria privada. Se trataría de establecer que cada servicio cumpla una función diferenciada y complementaria con la de otros servicios para evitar programaciones públicas redundantes.
En suma, la disyuntiva es clara: se puede modificar la actual ley de RTRM por otra más avanzada y con proyección de futuro que cumpla con su función de servicio público, o sucumbir a las presiones de inmediatez de la crisis y hacer unos cambios abstrusos que, en su conjunto, no dejarán de ser poco más que una chapuza con indefiniciones, ambigüedades y falta de rigor, todo con la supuesta intención de mejorar la ley. 
El error, en sentido estricto, es un fracaso de la inteligencia. Pero este fracaso puede convertirse en un éxito de la misma inteligencia cuando se es capaz de reconocer el error, aprender de él y corregirlo con la solución adecuada. Sin embargo, la gran paradoja de la inteligencia es que se puede ser inteligente y usar la inteligencia de un modo estúpido. Ahí reside el fracaso y la desdicha. Pero, inevitablemente, los fracasos de la inteligencia producen daños. La palabra «fracaso» proviene del francés casser, que significa «romper». Y, hasta ahora, los fracasos de la inteligencia del propio sector, sumados a los del Gobierno, nos han dejado un audiovisual roto, minúsculo, destartalado y agonizante. Aquí cada palo tiene que aguantar su vela, porque los problemas de la industria audiovisual murciana ya se habrían resuelto si el error sólo estuviera en una parte. 
En fin, como dice José Antonio Marina, «si la inteligencia es nuestra salvación, la estupidez es nuestra gran amenaza».

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