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jueves, 10 de enero de 2013

¿Qué podemos esperar en el audiovisual del 2013?


Desde hace años, la estúpida negligencia y los desatinos en materia audiovisual del Gobierno regional han ido siempre más allá de toda descripción. ¿Tendremos por fin algún atisbo de inteligencia para impulsar la industria audiovisual en el año 2013? ¿Seguirá fracasando como hasta ahora o tomará el rumbo adecuado para desarrollar con solidez el audiovisual? En este artículo vamos a intentar encontrar algunas respuestas a estas preguntas. Pero también a otras, como ¿por qué ha dimitido el director general de RTRM?, ¿cual es la orientación de su sustituto? o las implicaciones que la Ley de modificación de la ley de creación de RTRM tiene para el audiovisual murciano.
«Un camino conduce a la desesperación absoluta, el otro a la extinción total. Quiera dios que tengamos la sabiduría de elegir correctamente». Esta frase de Woody Allen  ilustra la encrucijada en la que, después de una serie de años, nos ha metido el Gobierno a la agonizante industria audiovisual murciana. Frase a la que mi amigo Paco Torrano le añadiría sarcásticamente «eso sí, dialogando, siempre dialogando». Un Gobierno que ha malgastado en 7RM unos 250 millones de euros que no han revertido en el audiovisual murciano. Sí, unos 41.500 millones de pesetas de dinero público, se dice pronto. Pero sería injusto no decir –para que cada palo aguante su vela– que el Gobierno ha contado con la pasividad, el inmovilismo, el derrotismo o la colaboración de una parte del propio sector. Un sector aún adolescente que no termina de madurar y afectado por algún que otro sarpullido parasitario. 

En el año 2012 ha continuado el cierre de más empresas del audiovisual, el Gobierno ha resuelto el contrato con GTM, ha aumentado el número de profesionales del sector en paro, se ha hecho crítica la difícil situación de las empresas de formación, y un largo etcétera. Un año que terminaba con la Ley 10/2012 de modificación de la ley 9/2004 de creación de la empresa pública Radiotelevisión de la Región de Murcia y la dimisión de su director general, José Daniel Martín. En suma, víctimas por doquier pero con un cariz muy diferente según los casos. 
¿Por qué ha dimitido el director general de RTRM?
Hasta ahora en materia audiovisual, el Gobierno ha caminado precariamente por el borde afilado de un cuchillo. A mi modo de ver, los diferentes responsables no se han planteado que si no aprendían a deslizarse por el filo de la hoja, se podían cortar con él. Los aliados serviles que han buscado dentro del propio sector no dejaban de ser un reflejo de su propia incompetencia en el ejercicio del cargo. Cada uno es libre de elegir a sus compañeros de viaje y los objetivos que guían su relación. Pero la experiencia nos enseña que sin conocer bien el audiovisual, cuando la actitud es parasitaria y su fin no es impulsar el sector, antes o después han acabado cortándose y perdiendo el cargo. Lo malo es que su torpe gestión ha sido destructora también para la industria audiovisual. El ya ex-director general de RTRM es la víctima más reciente de los que se han cortado con la hoja del audiovisual, aunque no la última. Al tiempo. 
He oído y leído diversas razones por las que ha dimitido José Daniel Martín. Dejo a un lado las familiares que él mismo ha declarado y también las de quienes dicen que cobraba o iba a cobrar (aquí el tiempo del verbo podría tener su importancia) menos sueldo con el cargo en RTRM que como inspector de trabajo, que es su oficio. Así que mencionaré otras que considero más pertinentes y de interés para la industria audiovisual.
No haré ningún comentario sobre el primer borrador rechazado (que al parecer salió de RTRM) para modificar la ley porque no lo he leído. Sabemos que el texto de modificación de la ley de creación de RTRM aprobado por la Asamblea Regional salió de la Consejería de Economía y Hacienda. A esta consejería, más concretamente a la Dirección General de Patrimonio, Informática y Telecomunicaciones (DGPIT), corresponde tanto la contratación de la empresa para la gestión indirecta del servicio público de televisión (7RM), como todos los aspectos relacionados con el transporte y difusión de la señal de radio y televisión, según plantea la propia ley. Es decir, la parte esencial de 7RM, junto con las partidas presupuestarias correspondientes. 
¿Qué competencias le quedan a RTRM que sigue vinculada a la consejería de Presidencia? Tiene que «asegurar que los contenidos corresponden a las obligaciones de servicio público», basados en los objetivos definidos en el mandato-marco y concretados en el contrato-programa (uno para radio y otro para televisión) aprobados por el Consejo de Gobierno; suscribirá sólo el contrato-programa para radio. Sus competencias en materia de televisión se reducen muy mucho, pero será responsable de velar por la parrilla de programación de 7RM que gestionará la empresa contratada por la DGPIT. En otras palabras, se puede llevar las tortas si las cosas no funcionan. Quizá todo esto haya influido también en la dimisión de José Daniel Martín. 
No resulta sorprendente que el recién nombrado nuevo Director General del ahora ente (antes empresa pública) RTRM, Diego Pedro García, estuviese integrado en la DGPIT hasta el día antes de su nombramiento. Supongo que así habrá más coherencia en materia audiovisual en las actuaciones de las direcciones generales implicadas de ambas consejerías pero dirigida desde la DGPIT. Que conste que yo no tengo nada en contra de que se concentren las responsabilidades y competencias en materia audiovisual. Al contrario. La cuestión esencial sigue siendo cual es la política que se va a aplicar para impulsar el audiovisual. Y esta política, hoy por hoy, sigue siendo un sombrío misterio ignoto (sobre todo por el propio Gobierno), rodeado de oscuridad y de las sombras proyectadas por alguna tenue luz. Así nos va.  
La desconfianza está justificada 
Es verdad que la modificación de la ley de RTRM por la Asamblea Regional, recoge la mayor parte de las enmiendas presentadas por la APARM (Asociación de Productores Audiovisuales de la Región de Murcia), así como parte de las enmiendas presentadas por PIAM (Plataforma de impulso del Audiovisual Murciano). Fruto de esas enmiendas la televisión autonómica pública tendrá entre sus obligaciones fomentar la producción audiovisual murciana e impulsar el desarrollo industrial del sector. Obligaciones que deben ser recogidas en el mandato-marco y en el contrato-programa.
En mi anterior artículo, ¿Acaso cree el Gobierno que somos unos lelos?, reclamaba algo de cordura, sentido común y sensatez política para introducir algunas de las propuestas que, finalmente, se han recogido en la modificación de la ley de RTRM. Supongo que con el "apoyo" de al menos una parte del Gobierno. Lo que aporta alguna luz para poder salir de la noche de profunda y tenebrosa oscuridad en la que se mantiene el audiovisual murciano. Así que, más allá de algunas de las enmiendas de APARM y de PIAM que fueron recogidas por cada grupo político representado en la Asamblea Regional, hay que reconocer y valorar positivamente el interés de unos y otros por favorecer a la industria audiovisual, al menos sobre el papel. 
Quedan muchas cosas por hacer para que el cambio en la ley se lleve a la práctica. Además, mientras no se demuestre lo contrario, sancionar como la única opción posible el modelo de gestión indirecta, lejos de favorecer el cumplimiento de la obligación de impulsar el desarrollo del audiovisual, presenta serias dificultades para cumplirlo como tendremos ocasión de ver. No resulta fácil de entender que una ley niegue la posibilidad de elegir entre varias opciones (diversas formas de gestión directa o indirecta), cuando los acontecimientos son cambiantes, como la vida que los nutre.
Por otra parte, visto lo visto durante los últimos años, yo soy de los que no pecaran de ilusos, ni voy a celebrar estos cambios en la Ley de modificación de RTRM. ¿Por qué? Porque existen precedentes de incumplimientos por el Gobierno, zonas oscuras, dudas y algunas preguntas sin respuesta que hacen desconfiar. El hecho de que dicha ley recoja la obligación de la televisión autonómica pública de impulsar el desarrollo de la industria audiovisual, no es una garantía de que el Gobierno vaya a cumplirla. Ejemplos: 
– El Gobierno ha incumplido sistemáticamente durante años la obligación legal de 7RM de invertir cada año el 5% (el 6% en 2010 con la Ley General de Comunicación Audiovisual) en la financiación de obras audiovisuales. 
– El Gobierno ha incumplido la Directiva del Parlamento Europeo de servicios de comunicación audiovisual. De hecho, ha incumplido la política de la Comisión Europea y los dictámenes del Comité de la Regiones en materia audiovisual, incluso ahora cuando Ramón Luis Valcárcel es también presidente del Comité de las Regiones. Es más, tras la últimas elecciones autonómicas, Valcárcel no incluyó siquiera las competencias en materia audiovisual en ninguna consejería cuando nombró a su Gobierno. Y nada indica que tenga intención de hacerlo. Cualquier declaración a los medios sobre la industria audiovisual es vacua retórica, mientras no incluya esas competencias en su Gobierno y se aplique una política de impulso del audiovisual regional.
– El Gobierno ha incumplido el objetivo de Plan Estratégico que contempla como línea de actuación un “plan para el desarrollo del sector audiovisual de la Región de Murcia”. No ha hecho nada por aplicar las conclusiones y recomendaciones de los tres estudios realizados sobre el sector audiovisual, libro blanco incluido.
– El Gobierno no ha hecho nada para que se cumplan los pliegos de condiciones en la adjudicación de licencias de TDT. ¿Dónde están los 1.300 puestos de trabajo directos y los 4.000 indirectos que iba a generar la implantación de la TDT o el impacto de esta sobre el sector audiovisual murciano que anunció el Presidente Valcárcel en marzo de 2007, «habida cuenta que al menos el 20 % de los contenidos van a ser producidos por empresas de la Región», como aseguró? No hemos producido ni el 20, ni el 10, ni el 5 %,...  ¿Qué hay de las demarcaciones con licencias de TDT que no tienen ni instalaciones aún hoy o las que han desaparecido?... 
– La lista de los incumplimientos (electorales, Contentpolis, etc.), entuertos y desatinos del Gobierno es larga. Aquel que aún lo ignore puede encontrar buena parte de esa lista en diversos artículos de este blog.
Estos son hechos, lo demás son sandeces para incautos e ilusos. Con estos precedentes, resulta difícil no desconfiar. En demasiadas ocasiones hemos comprobado que, en materia audiovisual, lo que el Gobierno da con una mano lo quita con todas las demás. La "política" audiovisual del Gobierno regional ha sido una mentira, cubriendo otras mentiras, basadas en anteriores mentiras, todo tan chapuceramente unido que, por mucho que se escarbe, resulta difícil sacar alguna verdad útil. Parece como si el Gobierno hubiese aceptado como cierto y tomado como lema lo que escribió Kierkegaard, «el mundo quiere que le engañen».  La incompetencia que se esconde tras el aliento tóxico de las mentiras y los engaños de los políticos son o deberían ser su vergüenza. Algo grave debe pasar en la sociedad cuando esta infección sigue y no causa una indignación masiva que corte de raíz el mal.
Cuando al que gobierna le tiene sin cuidado cumplir hasta con sus propios compromisos (de gobierno o electorales), cuando valora tan poco su propia palabra, cuando lo único importante es mantenerse en el poder para hacer lo que le venga en gana aprovechando la posición de ventaja que da el cargo. Cuando actúa sin la conciencia y un compromiso inequívocamente claro de que es un servidor público, la credibilidad que puede ofrecer está tan devaluada que sólo un cambio de actuación radical podría resultar un tanto creíble. Y la credibilidad –junto con medidas acertadas y sensatas– es, hoy por hoy, el único camino posible si queremos salir de la crítica situación actual.
El período de transición en 7RM: ¿un calvario con nuevas víctimas?
Por tanto, conviene entender bien para no caer en estúpidas ilusiones, que la ley de modificación de RTRM, en sí misma, no garantiza que las empresas que puedan sobrevivir y aún se mantengan en activo realicen una producción audiovisual estable para 7RM, ni que los profesionales en paro tengan trabajo. La ley es el primer peldaño de esa larga escalera que la disposición transitoria de la ley llama periodo de transición. El segundo escalón es la fijación de los objetivos del mandato-marco por la Asamblea Regional. El tercero la concreción por el Gobierno en el contrato-programa de esos objetivos. El cuarto será fijar lo anterior en los pliegos de condiciones para adjudicar a una sola empresa la gestión indirecta de 7RM. El quinto será la adjudicación del contrato a esa empresa. 
A partir de aquí se empezará otra fase con más escalones para averiguar cómo y cuando se va a cumplir lo acordado; cómo será la aplicación por la empresa adjudicataria de la gestión indirecta de los criterios de transparencia y no discriminación en la contratación de las productoras que hayan logrado sobrevivir y de profesionales; cómo será la administración de un presupuesto pequeño por esa empresa adjudicataria que querrá obtener beneficios; cómo será el tipo de programas que se realicen y el coste de los mismos que, sin duda, afectará a la calidad de la programación de 7RM y a la contratación de productoras y de profesionales que participen en la producción de obras audiovisuales; etc.
Pero, mientras todo esto ocurre a lo largo del año 2013, seguiremos teniendo la necesidad de comer y vivir bajo techo cada día, como hace poco me decía un profesional en paro. La pregunta es sencilla, ¿en ese largo período de transición se va a contratar producción de programas y a comprar derechos de emisión de obras audiovisuales a las productoras audiovisuales de la región para ser emitidos por 7RM? Porque a esta cuestión que es esencial en estos momentos, el Gobierno responde lo "evaluaremos".  Con la ambigüedad y falta de compromiso que hay en esta respuesta, el período de transición se convertirá seguramente en un calvario con nuevas víctimas del audiovisual. 
Lo que toca es hacer el plan de impulso no la ley del audiovisual
Mienten o se equivocan si son sinceros, quienes dicen que ahora lo único que se puede hacer son los cambios en RTRM, aderezados con algunas medidas de palo de azúcar. Entonces, su miopía es  grande, su voluntad pequeña y escaso su conocimiento sobre el audiovisual. Una de las causas de esa miopía reside en que se tiene una visión fragmentaria y deformada del audiovisual. La fragmentación no es más que una percepción confusa de la realidad. La idea de que esos fragmentos o partes existen por separado no es más que una ilusión, que sólo existe en la mente de quien los separa. La realidad es que el audiovisual es un todo que, incluso, va más allá de su propia cadena de valor, es transversal.
La industria audiovisual valenciana ha dependido casi exclusivamente de Canal 9. Dependencia que la ha llevado a su hundimiento cuando Canal 9 entra en bancarrota a consecuencia de la deuda acumulada y de la crisis económica. Crear esta dependencia de 7RM a la industria murciana, es repetir el mismo error. Basta ya de mixtificaciones. Al audiovisual hay que acercarse con una visión total para poder dar una respuesta total a su situación actual de debilidad, con un plan capaz de impulsarlo. Es esencial que la obligación de 7RM de impulsar al sector forme parte de un plan de impulso del audiovisual. Un plan en el que las diferentes medidas y líneas de acción que lo integren se refuercen y retroalimenten entre sí. Un plan con varias fases de ejecución si se quiere, pero un plan que condicione y oriente la política audiovisual del Gobierno. Un plan que combine en su justa medida lo necesario con lo posible. Quizá esto no resulte fácil a un Gobierno acostumbrado a gobernar con dinero, porque ignora que cuando se tiene suficiente voluntad, casi siempre se dispone de medios suficientes. Ya es hora de que aprenda
Y este plan de impulso no es ni puede ser sustituido por una ley del audiovisual, como nos intentan vender de nuevo desde el Gobierno, emulando al ex-consejero Ruiz Vivo, quizá para distraer nuestra atención y ganar tiempo no se sabe bien para qué. Al pan, pan y al vino, vino. La ley debe ser la culminación de un proceso en el que se hayan puesto en marcha antes, de verdad, las medidas del plan para impulsar la industria audiovisual regional y comprobado su eficacia (gestión indirecta de 7RM incluida). Lo demás no es más que una absurda fiebre legislativa, una tomadura de pelo (para algunos ni eso) o un estribillo para amnésicos, incautos y estúpidos. Que cada uno elija lo que más le cuadre.
La ley del audiovisual es una promesa que será necesario cumplir, pero en otro momento. Lo que el sector necesita ya, hoy mismo, son medidas que le ayuden a salir del negro pozo en el que está metido. Así que es hora de que alguien en el Gobierno entienda que es mejor hacer el bien que prometerlo. Porque no hay que olvidar que la situación sería otra, si el Gobierno en lugar de malgastar unos 250 millones de euros (41.500 millones de pesetas) en un modelo de televisión pública que ha beneficiado y enriquecido a empresas de fuera de la región, hubiese optado por un modelo donde el conjunto de empresas murcianas pudiesen suministrar buena parte de las horas de programación a 7RM. Con ese dinero público bien gastado, 7RM dispondría de las instalaciones públicas que ahora no tiene; se habrían desarrollado las empresas del audiovisual creando un tejido industrial fuerte y generado empleo directo e indirecto en la región. Y todo durante la peor crisis global conocida de la historia. Conviene que este Gobierno olvidadizo y disipado egoísta no olvide su total responsabilidad en esta cuestión. 
La disyuntiva de los cargos del Gobierno actual es sencilla: continuar fracasando y repitiendo errores, como hasta ahora, o sentar unas bases firmes y sólidas para levantar una industria audiovisual fuerte. Sería deseable que el atisbo de inteligencia y sensatez política que se ha mostrado con algunas de las enmiendas presentadas por APARM y por PIAM a la modificación de la ley de RTRM, se tuviera también con el plan de impulso del audiovisual. También hace falta coraje y voluntad política. 
Un plan de impulso que debe tener muy claro que la televisión pública es sólo una parte. Que, además, con el actual modelo de gestión indirecta y el bajo presupuesto que va a tener ahora, en el mejor de los casos 7RM va a ser un motor de muy baja cilindrada para poder tirar de la industria audiovisual. Un plan de impulso en el que, entre las múltiples conclusiones y recomendaciones de los tres estudios realizados sobre el audiovisual, tenga en cuenta las profundas implicaciones que la llamada revolución digital ha tenido y tiene en el audiovisual. 
Un plan que, a su vez, integre de verdad la casi desaparecida Sociedad de la Información, de la que apenas se oye algún susurro en el Gobierno. Como las competencias están en la DGPIT, esperemos que no estén de adorno como un florero. Hay que tener muy presente que sin contenidos audiovisuales la Sociedad de la Información, hoy, es como las proformas de los lingüistas, es decir, nada o poco más que nada. 
Blindarse contra las razones y argumentos adversos, no sólo es contrario a la esencia misma de la democracia, también bloquea la inteligencia e impide aprender y conocer la realidad. Lamentablemente este blindaje ha sido la conducta dominante en casi todos los cargos en materia audiovisual, junto a una incompetencia sin límites.
Va siendo hora de que se comprenda que tenemos los oídos hastiados y doloridos de escuchar como el Gobierno maquilla su insensible frialdad e incultura audiovisual con promesas biensonantes, cuyo fin último ha sido causar más tormento y martirio a la agónica industria audiovisual regional. Una "industria" a la que sólo le queda perder su dignidad, y en algunos casos ni eso.  

1 comentario:

Anónimo dijo...

Ciertamente, perdida la Esperanza, preparemosnos a perder la Dignidad. Así, en la sección de Objetos Perdidos, nuestra vergüenza no se sentirá tan sola.