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lunes, 25 de febrero de 2013

Mandato-marco de 7RM ¿soflama o verdadero compromiso para impulsar el audiovisual?

El texto del Mandato-marco del nuevo modelo de Radiotelevisión de la Región de Murcia (RTRM) que ha enviado el Gobierno para su estudio a una comisión de la Asamblea Regional, es una nueva ocasión para que veamos si el púlpito de la política se cerca o se aleja a la hora de satisfacer las necesidades del audiovisual y cumplir la obligación de fomentar la producción audiovisual murciana que establece la Ley 10/2012, de modificación de RTRM. En el artículo ¿Qué podemos esperar en el 2013 la industria audiovisual?, ya dije que dicha ley, en si misma, no es una garantía de que el Gobierno vaya a cumplirla. Esta desconfianza se basa en su larga lista de incumplimientos. Y claro, como dice un proverbio árabe, la primera vez que me engañes la culpa será tuya, la segunda ya será mía.

A mi juicio, el texto del Mandato-marco representa un esfuerzo inicial de síntesis positivo por parte del Gobierno y la actual dirección de RTRM que es justo reconocer. Así que démosle al césar lo que es del césar. Pero no es menos cierto que dicho texto también tiene una serie de importantes carencias que, en parte, se pretenden subsanar con las enmiendas conjuntas presentadas por la APARM (Asociación de Productores Audiovisuales Región de Murcia) y la PIAM (Plataforma de Impulso del Audiovisual Murciano). 
El Mandato-marco tiene un rango normativo superior al Contrato-programa y a cualquier otra normativa interna o plan de RTRM.  Así que lo que no esté en el primero no habrá obligación de que esté en el segundo. Entre otras cosas, el Mandato-marco se encarga, de definir los objetivos generales para que luego el Contrato-programa determine los objetivos específicos. Sin los generales no habrá específicos que concretar. Por tanto, si esas carencias no se subsanan por la Asamblea Regional, es probable que la televisión pública autonómica siga sin cumplir con su misión de servicio público y, realmente, tampoco actuará como motor tractor de la industria audiovisual. En este caso la Ley 10/2012 sólo habrá servido de soflama para maquillar los errores del Gobierno, no para rectificarlos. 
Hay tres carencias  en el texto del Mandato-marco que han llamado poderosamente mi atención: 
  • La primera es su ambigüedad a la hora de definir los objetivos de programación y la ausencia de unas líneas estratégicas de contenidos, producción y emisión. 
  • La segunda es que no fija la prioridad de impulsar la industria audiovisual ni le asigna un porcentaje de producción de programas. 
  • La tercera es la falta de unos indicadores para evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos del Mandato-marco.   
Estas ambigüedades y carencias del texto deberían ser necesariamente subsanadas, si tenemos en cuenta que la ley establece que la gestión indirecta  del servicio público autonómico de televisión se adjudicará a una empresa privada. Esto requiere concreción en los objetivos y rigor en el seguimiento y control para que se cumplan. Las ambigüedades y carencias del Mandato-marco sólo pueden tener sentido si, en el fondo, lo que de verdad se pretende es seguir la senda iniciada con GTM y que la empresa adjudicataria tenga manga ancha legal para actuar.
Sin líneas estratégicas de contenidos no hay servicio público
Lo que es público o no, no son los programas considerados individualmente (de uno en uno) o por su género, sino las líneas estratégicas de programación y los objetivos generales que tiene que alcanzar la radiotelevisión pública, indicando jerárquicamente las prioridades y la urgencia de cada uno. Esta es la razón de ser del Mandato-marco. Por otro lado, el criterio de calidad, si bien puede relativizarse hasta cierto punto en la televisión privada, es exigible en la televisión pública que no tiene una finalidad lucrativa. Por tanto, es prioritario que la programación sea de proximidad y se rija por los principios de calidad y rentabilidad social en todos los ámbitos y niveles. De modo que hay que incluir todo esto en el Mandato-marco para que luego el Contrato-programa pueda establecer unos criterios para aplicar la calidad (en los contenidos, la gestión, etc.). 
A su vez, en la programación el Mandato-marco debe diferenciar la oferta de radio de la de televisión. Máxime si tenemos en cuenta que la radio pública será gestionada directamente por RTRM y la televisión publica será gestionada indirectamente por una empresa privada.
Así, por ejemplo, en el caso de la oferta de televisión debería indicar los contenidos básicos que tendrán prioridad, es decir, cuales serán los macrogéneros clave de servicio público (información, educación, cultura, infantil y juvenil, deporte, etc.), o que en su oferta cultural promocionará la música, la danza, el teatro, la expresión artística, etc. Una vez establecidas las prioridades, en el Mandato-marco también se debe indicar  que el Contrato-programa contemple una oferta más amplia con el uso de los diversos géneros, como, por ejemplo, que exista variedad de los géneros que forman parte del macrogénero información (telenoticias, reportaje, entrevista, debate, news magazine, cara a cara, documental, etc). Incluso, dar indicaciones para que luego el Contrato-programa pueda también bajar al microgénero de los diversos programas informativos (cultura, economía, política, historia, naturaleza, estilos de vida, etc.), que nos orientará a cerca de sus contenidos temáticos.
Una oferta que también incluya programas y formatos innovadores que estimulen la creatividad, de modo que luego el Contrato-programa pueda fijar un porcentaje anual sobre su presupuesto para este objetivo.
Aunque la gestión del servicio de televisión sea indirecta, existirá una financiación pública de los programas que afectará a la propiedad de los mismos. No creo que nadie defienda que los derechos de los programas realizados con dinero público pasen a ser propiedad de la empresa que realice la gestión indirecta. Por tanto, en el Mandato-marco debe quedar clara la naturaleza jurídica de la producción (ajena, propia y coproducción) de estos contenidos y de los derechos de emisión y/o de explotación que se posean. Luego, todo esto se concretará con porcentajes y horas en el Contrato-programa, que tendrá su reflejo en el pliego de condiciones y el contrato con la empresa adjudicataria de la gestión indirecta.
Cuantificar la obligación legal de impulsar la industria audiovisual
Es esencial que el Mandato-marco fije como prioridad y cuantifique la obligación que establece la Ley 10/2012 de fomentar la producción audiovisual murciana e impulsar el desarrollo industrial del sector. De esa cuantificación, es decir, del porcentaje de producción continuada de programas que se destine a los productores independientes murcianos, va a depender que la televisión pública autonómica actúe de verdad como motor tractor de la industria audiovisual o no.
Ese porcentaje de producción de programas tiene que ser realmente alto para que la mayor parte del dinero público revierta en la región, sirva para dinamizar la propia economía y contribuya a fortalecer la industria audiovisual con capacidad suficiente para generar empleo. Porcentaje que debe ser de al menos el 60% de la programación no informativa el primer año y aumentar anualmente hasta alcanzar el 80% el tercer año del primer Contrato-programa. 
Si por el contrario, el porcentaje es bajo y la gestión indirecta se ha concebido para beneficiar de nuevo a una empresa o grupo foráneo, más o menos encubierta, el error cometido con GTM se repetirá de nuevo con premeditación y alevosía.  Así que no está demás recordar las veces que sea necesario, por si el Gobierno o la Asamblea Regional tienen amnesia, cómo se malgastaron unos 250 millones de euros (41.500 millones de pesetas) de dinero público destinado a 7RM (ver los artículos ¿Qué va a pasar con 7RM-1ª parte?, 2ª parte y 3ª parte), ya que las cifras son tan escandalosas como vergonzantes.  
La transparencia requiere concreciones e indicadores de seguimiento y control 
No es suficiente establecer en el Mandato-marco las líneas estratégicas de programación y los objetivos generales que tiene que alcanzar la radiotelevisión pública, con las prioridades y la urgencia de cada uno, que luego serán desarrollados en el Contrato-programa, para garantizar que se cumplan. Es imprescindible establecer una forma de evaluar el grado de cumplimiento de los mismos para que la Asamblea Regional realice con eficacia y transparencia el seguimiento y control que le asigna la ley. 
Por tanto, es necesario que el Mandato-marco determine claramente la obligación de establecer en el primer Contrato-programa un sistema de indicadores para que dicha evaluación no sea arbitraria y se realice con la necesaria transparencia. Asimismo, el Mandato-marco debe recoger que esos indicadores sean parámetros cuantificables de un modo objetivo, que permitan evaluar y controlar periódicamente los porcentajes de producción en función de la figura jurídica empleada, e ir más allá del simple juicio de valor sobre la calidad de la programación, el control de la audiencia o la gestión.
En suma, la ambigüedad y la transparencia son incompatibles. Para que exista transparencia, por un lado, se tienen que explicitar claramente en el Mandato-marco los objetivos y jerarquizar las prioridades y urgencia de cada uno. Por otro lado, es imprescindible un sistema de indicadores para poder evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos, tanto del Mandato-marco como del Contrato-programa.
La transparencia en el seguimiento y control es algo que deberían tener muy presente el Gobierno y la Asamblea Regional, sobre todo si tenemos en cuenta que la Región de Murcia ocupa el último lugar en el Índice de Transparencia de las Comunidades Autónomas de 2012. Es decir, que es la comunidad menos transparente de España, con 25 puntos (sobre 100) por debajo de la media y con más de 40 puntos de diferencia respecto a las comunidades más transparentes. La Región de Murcia suspende en las áreas de transparencia económica-financiera, en las contrataciones y en indicadores de la nueva ley de transparencia. Somos, además, con diferencia, los que más bajan en transparencia respecto al índice de 2010. Ser los menos transparentes no es precisamente algo de lo que nos podamos sentir orgullosos los murcianos. Más bien todo lo contrario.
Dentro de unas dos semanas veremos si con el Mandato-marco se da realmente un paso más para que RTRM asuma su misión de servicio público o no. Para ver si concreta la obligación que establece la Ley 10/2012, de que la televisión autonómica pública cumpla de verdad con su obligación de fomentar la producción audiovisual murciana e impulsar el desarrollo industrial del sector. Dicen que el tacaño de verdad por no dar rechaza hasta el tomar. Esperemos que Gobierno y Asamblea Regional no sean tacaños e incorporen lo esencial de las enmiendas razonadas, razonables y sensatas que han propuesto los agentes del sector audiovisual APARM y PIAM. Este será un hecho inequívoco para demostrar que de verdad se tiene la voluntad de rectificar errores pasados.

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