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viernes, 19 de diciembre de 2014

La necesidad social de una televisión pública

Sigue el culebrón del proceso de licitación de la gestión indirecta de 7RM que impide que esta cumpla con su misión de servicio público

Se vea su papel desde el punto de vista que se quiera, la televisión y la radio siguen siendo los medios de comunicación con mayor grado de implantación social en todo el mundo. Los contenidos audiovisuales influyen de forma generalizada en los comportamientos sociales, impregnando desde hace décadas el imaginario colectivo de varias generaciones de niños y niñas, jóvenes y adultos. 

No es casual que la Comisión Europea, como señalaba el primer Manifiesto en Defensa de la Radiotelevisión Pública, confiera «al servicio público de radiodifusión un papel central en el funcionamiento de las sociedades democráticas modernas, en especial en el desarrollo y transmisión de valores sociales. No existe ningún otro servicio que, simultáneamente, tenga un acceso tan amplio a la población, proporcione tal cantidad de informaciones y contenidos e influya de forma tan generalizada en los comportamientos sociales». Y dicho Manifiesto añadía: «Los países desarrollados de nuestro entorno han previsto que la radiotelevisión ha de cubrir objetivos de servicio público de trascendental importancia desde el punto de vista cultural, educativo, de acceso y participación».

Para una gran parte de la población, la principal fuente de información y noticias que más confianza inspira –cuando no la única– es la televisiva. «Si se ve, debe ser verdad». Según algunos científicos, la eficacia de los mensajes audiovisuales para transmitir información tiene que ver con la forma en que nuestro cerebro procesa los mensajes y es estimulado por las imágenes. En las tramas de poder, este conocimiento del cerebro humano, es utilizado emocionalmente por los expertos en la transmisión de la información política y en la publicidad para influir en los puntos de vista y en la conducta de la gente y, así, modelar sus mentes. Debido a que sus mensajes responden a intereses políticos y empresariales, adquiere mayor importancia la existencia de una televisión pública que garantice la veracidad e independencia en la información y contribuya a la formación de una opinión pública libre.

Porque, como empieza diciendo en su versión actualizada el Manifiesto en Defensa de la Radio Televisión Pública: «Es un derecho fundamental de los ciudadanos disponer de una oferta audiovisual diversa, gratuita y de calidad y de una información veraz, independiente y plural, que garantice también el acceso universal a la cultura y al entretenimiento, así como a las posibilidades que abre la sociedad de la información y el conocimiento en el nuevo entorno digital».

Sin embargo, en España la televisión (privada y pública), justamente por ser el medio de comunicación más influyente de todos, se ha instrumentalizado para servir a intereses muy alejados de lo que deberían ser sus funciones y objetivos de servicio público. En el caso de la televisión privada, la capacidad de intervención determinante de los gobiernos en la concesión de licencias de televisión y radio, no exenta de un trato de favor hacia determinados beneficiarios, otorga a las autoridades públicas la posibilidad de ejercer un dirigismo en el ordenamiento del sistema de medios de radiodifusión y, a su vez, dificulta la garantía de independencia y pluralismo. En el caso de la televisión pública (estatal y autonómica), la posibilidad de controlarla que tienen los políticos ha sido y es utilizada para beneficio del partido que gobierna en cada momento. No en vano se ha llegado a hablar de colonización mediática de la política.

Así, los intereses del Gobierno o los de un grupo de presión determinado prevalecen sobre los intereses sociales. Lo que refleja un reiterado desinterés histórico por parte de los gobernantes para legislar de modo que la radiotelevisión, sobre todo la pública, pueda cumplir con sus funciones de servicio público y no sea utilizada de forma partidista por el gobierno de turno. La carencia de información independiente y veraz con su afilado borde corta la posibilidad de que la ciudadanía perciba la realidad social. No es casual que, a diferencia de otros países europeos, la televisión pública no sea suficientemente valorada y apoyada, en general, por la sociedad española.

La televisión también deja de cumplir con su misión de servicio público cuando se tiene como único referente los estudios de audiencia o cuando se condena un programa a los peores lugares de la parrilla de programación sin tener en cuenta el público al que va destinado. Estas son algunas de las razones por la que es fundamental una radiotelevisión pública que esté al servicio de la sociedad y ofrezca una información plural que se aproxime con cierto rigor a la realidad.

Es un síntoma preocupante de deterioro de una democracia que la sociedad no tenga claro el papel de servicio público de la televisión, tanto para ejercer su misión de socialización y de protección de la infancia y la juventud, a través de los valores éticos y educativos de los contenidos audiovisuales que difunde, como para ofrecer una información independiente, veraz y plural. Ante esta falta de conciencia social, la pugna por lograr audiencias e influencias ha llegado a extremos desconocidos. Como los programadores y los gestores de televisión no van más allá de la cuenta de resultados, la lógica económica y mercantil que sustenta la mayor parte de los relatos televisivos, ha dado lugar al componente espectacular de los mensajes audiovisuales y a la deriva de la información hacia el infoentretenimiento. Influidos por la lógica consumista y los intereses publicitarios de sus anunciantes, estos medios consideran al espectador («audiencia») como un mero receptor pasivo del mensaje y lo tratan más como objeto que como sujeto de la comunicación.

El resultado es un modelo de televisión que sólo pretende entretener, que con mecanismos cada vez más sutiles filtra la realidad y actúa más como un elemento de aculturación, conformismo y manipulación. Como consecuencia, en los contenidos de sus mensajes se han perdido los valores positivos tanto éticos, como morales, estéticos y hasta los simbólicos. Y no cabe esperar que la televisión privada cambie a menos que se le obligue a que cumpla también con su parte de servicio público.

Es hora de que asumamos nuestra responsabilidad ciudadana y no permitamos que se sigan relajando las exigencias de servicio público en los medios de radiotelevisión generalistas públicos. Una exigencia de servicio público que también debería extenderse a la programación (educativa, cultural,...) de las televisiones privadas para que cumplan con su función social, como ocurre en otros países.

Es necesario que 7RM cumpla con su misión de servicio público

Resulta paradójico –y muy significativo– que la televisión sea un medio que ha conseguido llegar a casi el 100% de la población, que los murcianos estén entre los mayores consumidores de televisión en España, con más de 4 horas diarias de media ante el televisor y, sin embargo, la audiencia de 7RM sea del 1%, la más baja de todas las televisiones públicas autonómicas (según datos del reciente estudio de AIMC en 2014). Una audiencia tan exigua refleja lo que ya sabíamos: 7RM es una televisión pública que no interesa a los murcianos porque, desde su creación, no ha cumplido con sus funciones de servicio público, no ha reflejado el pluralismo, la veracidad y la imparcialidad, ni ha sido independiente del poder político. Convertida en un trapo sucio con lágrimas y barro, 7RM ha llegado a tener el rostro y la audiencia que se merece.

En lo que podría ser un intento de remediar ese mal de 7RM, hay un hecho claro y constatable: la inexplicable paralización y el retraso del proceso de licitación para la gestión indirecta de 7RM por parte del actual Gobierno regional no beneficia al interés general. Ni siquiera está claro que pueda beneficiar al Partido Popular fragmentado en su lucha interna por el poder. Al contrario: Perjudica al sector audiovisual y a la sociedad murciana. De hecho perjudica hasta las propias ofertas presentadas por los licitadores, ya que el enorme retraso del proceso de adjudicación afecta al plan de negocio y al estudio de viabilidad concebido para un marco temporal determinado. Lo que indudablemente repercutirá en la propia gestión de 7RM. Aunque parece ser que al actual Gobierno irresoluto todo esto le da igual. Atrincherado en su actitud timorata y abúlica, justo lo contrario de lo que se supone que debe ser su misión­ ejecutiva, inexplicablemente, no tiene prisa en realizar la adjudicación. Han transcurrido casi cinco meses desde que decidió que se abriera a principios de agosto el sobre nº 2 de la oferta de los licitadores, cuya valoración concluyó la comisión técnica a finales de octubre, y el Gobierno sigue paralizando la apertura del sobre nº 3. Así que tendrá que aprobar una nueva prórroga a RTRM para que continúe con la gestión directa de 7RM. A principios de febrero de 2015 termina la actual prórroga y no hay tiempo suficiente (aunque se acelerara el proceso) para cumplir los dos meses de plazo que, desde la formalización del contrato, tiene el futuro ganador del concurso para iniciar las emisiones. No importa, ellos siguen cobrando igual a final de mes.

Pero, quizá conviene recordar que este "culebrón" se inició mucho antes. El 10 de diciembre de 2012 entró en vigor la Ley de modificación de la Ley 9/2004, de 29 de diciembre, de creación de RTRM, que realiza el «cambio de modelo de gestión de la televisión pública regional mediante la gestión indirecta del servicio público». Mientras no se realice la primera adjudicación del contrato para la gestión indirecta de 7RM, dicha ley, contempla un «periodo de transición, que no deberá superar los 12 meses a contar desde la entrada en vigor de esta ley», donde RTRM continuará con la gestión directa. Asimismo, dispone que el Consejo de Gobierno pueda prorrogar dicho plazo «por causas excepcionales». Una vez aprobado el mandato-marco y el contrato-programa de RTRM, en noviembre de 2013 la prensa publica la noticia de que –a finales de ese mes o principios de diciembre– el Consejo de Gobierno aprobará la contratación de la gestión indirecta de 7RM, según explicó el entonces Director General de Patrimonio, Informática y Telecomunicaciones, Eduardo Linares. Sin embargo, su aprobación fue caprichosamente paralizada por el presidente Ramón Luis Valcárcel y postergada hasta su último Consejo de Gobierno, antes de abandonar el cargo. Para no ser menos, el nuevo Gobierno presidido por Alberto Garre dijo que no tenía prisa en reanudar el proceso de licitación. Así que, en estos tiempos de "transparencia", seguimos con la obstinada y perezosa desidia de las prórrogas por unas misteriosas «causas excepcionales», donde el interés público brilla por su ausencia. Esperemos que al final la razón prevalezca por encima de cualquier guillotina.

Salvo alguna limitada y efímera excepción, el desinterés, cuando no la incapacidad y la incultura en materia audiovisual de los distintos gobiernos –antes, durante y después de la creación del ente público empresarial Radiotelevisión de la Región de Murcia (RTRM)– produce obstinación. Como el audiovisual está adherido con leves hilvanes en las meninges, provoca la penuria mental de quienes se comportan como pobres soberbios –que diría el Padre Feijoo– que prefieren hambrear antes que pedir. Con semejante sinfonía de adjetivos negativos el resultado de la gestión no puede aspirar siquiera a ser mediocre. Tiene que ser malo a más no poder. Claro que, durante estos años, no ha faltado algún que otro disoluto audiovisual en el gobierno que se ha creído ilustrado en la materia. En buena medida, estos obstinados disolutos expertos en paralogizar, doctorados en el mando a distancia, son corresponsables del anterior modelo de gestión de 7RM y del funesto panorama de la TDT en la región. Luego, como suele ser costumbre en España, se van de rositas después del estropicio. Y todos tan amigos. No obstante, es justo reconocer –para que cada palo aguante su vela– que el Gobierno ha contado con la pasividad y el inmovilismo de una parte del propio sector audiovisual. Un sector aún adolescente que anda en revoltijo, camina cabizbajo como el que hace penitencia, incapaz de actuar unido, famélico, conformista y afectado por algún que otro sarpullido parasitario. Así que sólo nos queda rogar, por Dios vivo, confiar en un milagro, apoyado en la lucidez de la sociedad murciana, para que finalmente 7RM no termine en el negro abismo empujada por unos y otros, ya sea por acción u omisión.

Por tanto, conviene recordar de nuevo que si bien el cargo da el poder, no da la capacidad y la perspicacia para ejercerlo. De modo que no hay que juzgar el mérito de los responsables del Gobierno por su currículum vitae, alcurnia y grandes cualidades personales, sino por el uso que saben hacer de todo ello en el desempeño del cargo. Como ciudadanos tenemos la obligación de pedirles cuentas por todo, errores y fracasos incluidos.

Conclusión 

La modificación de la ley de RTRM que abrió el proceso para la gestión indirecta de 7RM, aunque no es la más idónea y puede ser notablemente mejorada, es una oportunidad para que la ciudadanía ejercite ya el derecho a disfrutar de una televisión pública a su servicio. De forma que 7RM pueda ser un medio útil para la educación y el desarrollo cultural, para fomentar la solidaridad, la participación y el espíritu crítico, para crear consenso y cohesión social, para contribuir al derecho a estar informados y a comunicar. Una televisión pública integrada en una red de medios y sistemas para la información, la comunicación y el desarrollo del conocimiento. Una televisión que realmente sirva al interés público, no es un lujo, sino una actividad fundamental para la vida en comunidad y el desarrollo social que hoy, en medio de semejante desbarajuste, opacidad, desinformación y corrupción, es más imprescindible que nunca. La información veraz, independiente y plural que permita la transparencia y fundamente la toma de decisiones por la ciudadanía, es siempre portadora de salud social, contribuye a fortalecer la libertad de conciencia y la libertad de expresión. La ocasión es histórica. Y en las ocasiones históricas se requiere temple para actuar con lucidez.

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