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jueves, 21 de mayo de 2015

El “alma” audiovisual del Partido Popular

En las campañas electorales se suelen escuchar majaderías, necedades y tonterías a porrillo. Uno tiene la impresión creciente de que buena parte de los políticos actúan pensando que la ciudadanía es mayoritariamente imbécil. El actual alcalde de Lorca, Francisco Jodar, en una entrevista radiofónica acusaba a los nuevos partidos políticos de oportunistas y de no tener “alma”, identidad. Para concluir diciendo, cómo no, que el Partido Popular es la única apuesta segura de los ciudadanos en estas elecciones municipales y autonómicas. Pero, ¿cuál es el “alma” audiovisual del partido del señor Jodar?

Durante esta campaña electoral, el candidato a la presidencia de la Región de Murcia del Partido Popular (PP), Pedro Antonio Sánchez, en una de sus numerosas apariciones en los telediarios de las televisiones públicas (7RM y TVE), decía que las decisiones de los políticos es algo muy serio porque «afectan a los ciudadanos, a su vida, a su familia, a su empleo». Para averiguar cual es el “alma” audiovisual del PP y cómo nos ha afectado las decisiones sobre política audiovisual, durante los 20 años de gobierno popular en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y lo que proponen ahora en su programa electoral, haremos un pequeño balance de su gestión en materia audiovisual. Así sabremos lo que podemos esperar del PP si continua en el gobierno. Un balance del que, dicho sea de paso, Pedro Antonio Sánchez no puede hacer borrón y cuenta nueva porque es miembro del Gobierno y, como candidato a la presidencia, el cargo al que aspira se asume junto con la herencia recibida.

Desde que alcanzó el poder, entre 1995 y 2004 el PP no hizo nada por impulsar el desarrollo del sector audiovisual.
El diseño de la Televisión Digital Terrestre (TDT) y el reparto de 36 canales que hizo en el año 2005 ha sido un fracaso: Demarcaciones con licencias que han desaparecido o las que hoy, diez años después, no tienen ni instalaciones. El Gobierno regional nunca ha hecho nada para que se cumplan los pliegos de condiciones en la adjudicación de licencias de TDT, ni siquiera para que al menos el 20 % de los contenidos sean producidos por empresas de la región. ¿Donde están los 1.300 puestos de trabajo directos y los 4.000 indirectos que iba a generar la implantación de la TDT o el impacto de esta sobre el sector audiovisual murciano que anunció el entonces presidente Valcárcel en marzo de 2007 (en período electoral)?
Con la creación de la empresa pública Radiotelevisión de la Región de Murcia (RTRM) en diciembre del año 2004, se optó por un modelo equivocado de la televisión pública 7RM que entre 2006 y 2012 costó a las arcas públicas unos 250 millones de euros (41.500 millones de pesetas, se dice pronto). ¿Cuál ha sido el resultado de ese enorme gasto? 7RM no cumplió con su misión de servicio público, ofreció una programación de mala calidad y tuvo la audiencia más baja de todas las televisiones autonómicas públicas de España. El despilfarro fue tal y la gestión tan mala, que hoy carece hasta de instalaciones y equipamiento propios. La mayor parte de ese dinero público fue a parar al bolsillo de una sola empresa privada (GTM), lo que impidió el desarrollo de un tejido industrial audiovisual y la creación de empleo directo e indirecto en la región.
El Gobierno regional del PP ha incumplido sistemáticamente desde el año 2006 al 2013 la obligación legal de 7RM de invertir cada año el 5% de los ingresos (el 6% en 2010 con la Ley General de la Comunicación Audiovisual) en la financiación anticipada de obras audiovisuales.
En el año 2007 (campaña electoral) el Gobierno presentó el disparate de Contentpolis que, con sus inexistentes 1.528 millones de euros, iba a «impulsar el crecimiento y consolidación del sector audiovisual regional», sería capaz de crear «más de 3.000 empleos cualificados directos y 2.000 indirectos». Y es que Contentpolis siempre fue humo.
Año tras año, el Gobierno regional incumplió el compromiso del Plan Estratégico 2007-2013 de elaborar un «plan para el desarrollo del sector audiovisual» (OI.2.6). Lo incumplió  a pesar de que se han realizado estudios mas que suficientes en los que se formulan las medidas necesarias para elaborar dicho plan: Informe del Sector Audiovisual de la CARM (2006), Libro Blanco del Sector Audiovisual de la Región de Murcia (2007-9)  o el estudio La formación en la industria audiovisual de la Región de Murcia (2010). Es más, hoy el PP sigue ignorando estos estudios y no tiene voluntad de enmienda, ya que el plan de impulso del audiovisual ni siquiera figura en su programa electoral autonómico 2015. La únicas tres medidas que este incluye: «instauración de la fórmula Film Comission», crear «una Plataforma de Recursos Audiovisuales» ya existentes (es decir, ninguno), o convocar «ayudas en gestión y recursos a proyectos audiovisuales», no deja de ser una pésima chapuza. Lo que manifiesta, una vez más, la incapacidad y falta de voluntad política del PP para impulsar el audiovisual.
El Gobierno regional del PP ha incumplido permanentemente los Principios y directrices de la política comunitaria en el sector audiovisual en la eradigital (1999), al que atribuye una dimensión estratégica, por su importante repercusión «sobre los ámbitos social, cultural y educativo», y por su enorme potencial de crecimiento económico y de creación de empleo de calidad. Para mayor desvergüenza, incluso ha incumplido sus dictámenes en materia audiovisual cuando Ramón Luis Valcárcel era presidente del Comité de las Regiones, que considera imprescindible «prestar un apoyo especial a los productos y servicios audiovisuales relacionados con las regiones y sus especificidades culturales y sociales». Incumplimientos de la política audiovisual europea que, entre otras cosas, han impedido desarrollar plenamente la Sociedad de la Información en la región, y no ver que el audiovisual influye en otros sectores como la informática o las telecomunicaciones y es un elemento transversal en no importa que actividad. Una excepción aislada y honrosa es la actividad de la Fundación Integra.
En materia de alfabetización audiovisual, el Gobierno del PP no sólo ha ignorado durante años todas las iniciativas de la UNESCO, también ha incumplido permanentemente la  Ley General de la Comunicación Audiovisual (2010) y la Directiva de servicios de comunicación audiovisual del Parlamento Europeo y la Comisión (2010).
Fábrica de sueños convertida en fábrica de pesadillas
En suma, la gestión en materia audiovisual del PP en la región ha estado preñada de inflación analfabeta, incompetencia, desatinos, incumplimientos legales e incoherencias políticas. Dicen que el audiovisual es una fábrica de sueños, pero el Gobierno lo ha convertido en una fábrica de pesadillas. Esta es el “alma” audiovisual del PP. El fracaso constituye la demostración de su política falaz. Estos son los hechos que conviene entender bien para no caer en estúpidas ilusiones. Lo demás son sandeces para incautos. Con estos precedentes, resulta difícil no desconfiar. Sólo he conocido a dos cargos del gobierno con cierto interés y capacidad de diálogo para impulsar el audiovisual, pero con escaso poder y un conocimiento limitado del sector. En demasiadas ocasiones hemos comprobado que, en materia audiovisual, lo que el Gobierno del PP daba con una mano lo quitaba con la otra. La política audiovisual del Gobierno regional ha sido y es una mentira, cubriendo otras mentiras, basadas en anteriores mentiras, todo tan chapuceramente unido que, por mucho que se escarbe, resulta difícil sacar alguna verdad útil. Parece como si el PP hubiese aceptado como cierto y tomado como lema lo que escribió Kierkegaard, «el mundo quiere que le engañen».  La incompetencia que se esconde tras el aliento tóxico de las mentiras y los engaños de los políticos son o deberían ser su vergüenza. Pero no es así. La impudicia se extiende como una plaga.
Cuando al que gobierna le tiene sin cuidado cumplir hasta con sus propios compromisos (de gobierno o electorales), cuando valora tan poco su propia palabra, cuando lo único importante es mantenerse en el poder para hacer lo que le venga en gana, aprovechando la posición de ventaja que da el cargo. Cuando actúa sin la conciencia y un compromiso inequívocamente claro de que es un servidor público, la credibilidad que puede ofrecer está tan rota como un cristal y ya no se puede recomponer.

Hace años que vemos en la política española –estatal y regional– que las propuestas de los programas electorales de los partidos y las promesas de los políticos huelen a promesas fugitivas con muy poco valor, por no decir ninguno. Sufren un descrédito creciente, en primer lugar, porque al acceder al poder suelen incumplir sus compromisos y se quedan tan frescos. En segundo lugar, porque no existe ningún mecanismo de contrapoder ciudadano, ni norma que les obligue a cumplir sus programas electorales; los políticos lo saben y se aprovechan impunemente. En tercer lugar, porque como la mayoría de la gente parece que vota sin leerse los programas electorales, ignora si los cumplen o no, salvo por lo que dicen luego los medios. ¿Tiene todo esto algo que ver con el retraso de los partidos en presentar sus programas en estas elecciones?

Hay algunos partidos que sí han incluido en sus programas electorales un plan con medidas para impulsar el audiovisual. Ante este panorama, ¿hay motivos para que seamos optimistas? Pronto sabremos si el compromiso es real. Mientras tanto, que cada cual saque sus propias conclusiones. Elegir entre lo que es correcto y lo que es fácil: es la disyuntiva a la que nos enfrentamos.

  

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